El Gobierno nacional dio marcha atrás con los cambios implementados en Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y otros organismos tras el rechazo del Congreso a cinco decretos delegados.

Esta decisión se produjo luego de que las cámaras de Diputados y el Senado frenaran las modificaciones a fines de agosto.

Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 627 y 628, publicados en el Boletín Oficial, restablecieron la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas o modificadas por los mencionados decretos. En su contenido, se indicaron las normas que volvían a estar en vigor al momento de la emisión de cada uno de los decretos delegados.

Entre los cambios que se revirtieron, se incluyó la restitución de disposiciones normativas derogadas por los Decretos Nros. 531 del 1° de agosto, 571 del 11 de agosto y los 583, 584 y 585 del 14 de agosto.

Además, se propusieron cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y otras entidades culturales. El Gobierno justificó su decisión al señalar que buscaba no comprometer la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional y salvaguardar principios como la buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa.

Los cinco decretos que quedaron sin efecto fueron: el decreto 462/2025, que modificaba las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y del INTI; el decreto 587, que hacía depender al INTA de la Secretaría de Agricultura; el decreto 461/2025, que disolvía la Agencia Nacional de Seguridad Vial; el decreto 340, que desregulaba el transporte marítimo; y el decreto 351, que transformaba al Banco Nacional de Datos Genéticos.

También se incluyó una fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, según lo dispuesto en el decreto 345/25.